El código orgánico del ambiente (COA) es la normativa vigente, más importante en temas ambientales que rige en el país. Fue aprobado en abril 2017 pero entró en vigencia a partir de abril 2018, es decir un año más tarde a partir de su publicación.
El COA tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mismo que a la par vela por la protección de los derechos de la naturaleza por medio de principios de sostenibilidad (desarrollo sostenible), conservación (el que contamina paga), protección (in dubio pro natura) y restauración del medio ambiente (reparación integral).
Los principales principios que se contemplan en el COA son:
- Responsabilidad integral
- Mejor tecnología disponible y mejores prácticas
- Desarrollo sostenible
- In dubio pro natura
- Acceso a la información
- El que contamina paga
- Precaución
- Prevención
- Subsidiaridad
- Reparación integral
Dentro de las actividades reglamentarias que delinea el COA, se encuentran la licencia, registro y certificado ambiental, que son actividades de regularización y se una vez que se las obtiene el siguiente paso abarca las actividades de control que son las auditorías ambientales de seguimiento, informe ambiental de cumplimiento, informes de gestión anual, monitoreos, inspecciones y vigilancia ciudadana.
El COA establece sanciones al incumplimiento de su aplicación, estas sanciones están clasificadas de la siguiente manera:
- Leves: abarca a las actividades de bajo impacto que se realicen sin la debida autorización administrativa o a la falta de presentación de auditorías ambientales o reportes de monitoreo.
- Graves: abarca a las actividades de mediano impacto que se realicen sin permiso previo, que generen desechos peligrosos o que gestionen sustancias químicas peligrosas. También se considera un acto grave el acto de no permitir que la autoridad ambiental competente de seguimiento y control a estas actividades.
- Muy Graves: se refiere a las faltas que tienen un gran impacto ambiental como son el incumplimiento de límites permisibles, así como también el abandono o cierre de actividades sin haber realizado el proceso respectivo para dicho fin.
Otro de los objetivos que persigue el COA es la descentralización de competencias del Ministerio del Ambiente (MAE), por lo que desde el inicio de la vigencia del Código los municipios de cada ciudad están acreditados como autoridades ambientales.
